Jorge Mas Santos

Por JORGE MAS SANTOS

(Publicado en inglés en The Miami Herald, 25 de octubre de 2008)

En su discurso del Estado de la Unión en 1985, el Presidente Ronald Reagan dijo: “No podemos quebrantar la fe de aquellos que están arriesgando sus vidas por asegurarse derechos como los que tenemos nosotros desde que nacemos. El apoyo a los que luchan por la libertad es defenderse uno mismo”. Este vigoroso compromiso se convirtió en un programa de sólido apoyo directo a la oposición democrática en la Unión Soviética y Europa Oriental.

Desgraciadamente, la política actual de los Estados Unidos hacia Cuba carece de una visión similar y se maneja como un asunto de índole doméstico al que se dedica mucha retórica vacía sobre la causa de la libertad pero muy poco en cuanto a pasos concretos que pudiesen conducir al pueblo cubano por ese camino. Dos consideraciones primarias enmarcan la política actual de los Estados Unidos hacia Cuba: el voto cubanoamericano en el sur de la Florida y el deseo de evitar un éxodo masivo desde Cuba. Durante años, el voto de nuestra comunidad se ha podido garantizar con un simple acto simbólico en Miami junto a la acostumbrada arenga anticastrista. Esto ya no es suficiente.

La Fundación Nacional Cubano Americana apoya decididamente una política enérgica hacia Cuba que emplee el embargo económico y sanciones efectivas contra el régimen opresivo y que a la misma vez fomente una estrategia proactiva que le genere al pueblo cubano un poder real para la organización de cambios desde adentro. Lo que históricamente se ha proclamado como una política “dura” con Cuba es todo menos eso. En vez de ser un socio activo que estimula las transformaciones democráticas en pro del pueblo cubano, Estados Unidos ha sido poco más que un espectador pasivo que no ha hecho nada por turbar la ahora ostensiblemente serena transición dictatorial que ha transcurrido en La Habana. Esta Administración presidencial no ha logrado desestabilizar el régimen o sus mecanismos de control interno. El resultado es una política repleta de contradicciones inherentes:

* Ha permitido que empresas norteamericanas vendan más de $2,000 millones en productos agropecuarios al régimen durante los últimos ocho años, mientras que prohíbe a un exiliado cubano en Miami enviarle a sus parientes en Cuba productos básicos como jabón o pasta dental.

* Ha permitido a empresarios norteamericanos viajar por toda Cuba tantas veces como quisieran, gastando su dinero en hoteles y restaurantes del gobierno, mientras sólo concede una vez cada tres años la visita de una nieta a su abuela que vive en un solar de La Habana.

* Promete el apoyo a disidentes pero prohíbe el envío crucial de remesas en efectivo a aquellos que están en primera fila en la lucha por la democracia dentro de Cuba.

* Prohíbe la asistencia humanitaria de persona-a-persona para los damnificados después de la temporada ciclónica más destructiva en toda la historia de Cuba.

Extrañamente, o tal vez previsiblemente, al no surcar más allá del statu quo, Washington ha adoptado una política de acomodamiento. Esperar que Raúl Castro se reforme no es una estrategia, sino una ingenuidad. Es rendirse ante una coyuntura crítica en la historia de Cuba.

El próximo presidente de los Estados Unidos, sea el Senador John McCain o el Senador Barack Obama, tendrá que adoptar una política hacia Cuba que demuestre un rompimiento palpable con el pasado y un compromiso verdadero con el triunfo de la democracia, que reconozca el papel significativo que los exiliados cubanos pueden jugar en apoyo de aquellos en la isla que luchan por restaurar sus libertades.

Debemos reforzar y fortalecer los esfuerzos de reformistas dentro del gobierno cubano que se encuentren fuera del círculo de los secuaces de Castro, utilizando sanciones efectivas y otros alicientes como cartas de negociación para las reformas políticas y económicas fundamentales. Una política proactiva hacia Cuba también debe incluir el apoyo directo y pujante a la valiente oposición democrática y la sociedad civil independiente en la forma de remesas en efectivo y cuantiosa asistencia material.

No podemos seguir frustrando los programas existentes del gobierno de EEUU, ideados para apoyar a la democracia en Cuba, con regulaciones ilógicas que dan como resultado que el 83 por ciento de los fondos se gasten fuera de Cuba, mientras que los disidentes y presos políticos quedan sin resolver las necesidades básicas de sus propias familias. Debemos facilitar los medios para que los familiares en el exterior envíen a sus parientes en Cuba asistencia monetaria que no sólo alivie una verdadera necesidad humanitaria, sino que les permita convertirse en ciudadanos independientes del control del Estado.

A solamente unos días de estas elecciones cruciales, podemos esperar muy poco de esta Administración o de nuestros oficiales electos cuando, después de dos devastadores huracanes, rehúsan levantar las restricciones del 2004, incluso temporalmente. Han obligado a la oposición democrática en Cuba a apelar desesperadamente a la Primera Dama Laura Bush y al Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez en un esfuerzo, hasta ahora en vano, por propiciar una moratoria sobre dichas restricciones.

Tenemos que exigirles más a nuestros representantes.

No podemos derrochar la oportunidad de ejercer influencia sobre lo que ocurre en Cuba mientras esperamos que Castro renazca como un demócrata. Esto no va a suceder.

El próximo presidente de los Estados Unidos debe inaugurar una política nueva hacia Cuba que reúna la voluntad política y la valentía que proclamó el Presidente Reagan con su apoyo abierto a las fuerzas pro libertad; una política que desafíe el pensamiento convencional de Washington que predica que, fuera del ejercicio de la fuerza militar, poco se puede hacer para ayudar a un pueblo en su camino hacia la libertad.