Los fondos del gobierno norteamericano destinados a promover la democracia en Cuba no llegan a la oposición dentro de la isla. Los resultados de un estudio reciente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que analiza los gastos de las organizaciones que reciben mayores cantidades de fondos federales del Programa para la Democracia en Cuba, demuestran que el 83% del dinero designado al apoyo de activistas democráticos en Cuba, han sido gastados en Miami o en países extranjeros. En los próximos meses se distribuirán $45 millones adicionales para este programa crítico. Fue con esta preocupación específica en mente que la FNCA emprendió la elaboración de este informe ampliamente discutido, pero aún no comprendido a cabalidad, que hoy estamos dando a la luz pública. Basado en un minucioso examen estadístico que tardó un año, nuestro reporte analiza la efectividad del programa federal en apoyo a la sociedad civil y ofrece recomendaciones concretas para asegurar que la valiente oposición cubana reciba los recursos que necesita tan desesperadamente para realizar su obra.

En 1995, Jorge Mas Canosa y yo nos sentamos en la oficina del entonces Congresista Bob Menéndez para discutir el borrador de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, conocida comúnmente como la Ley Helms-Burton. Además de aumentar la presión económica e internacional contra el régimen de Castro, reconocimos la importancia de incluir medidas para ayudar a la oposición interna. Considerábamos que los Estados Unidos debía jugar un papel crítico similar a sus exitosos esfuerzos con el sindicato Solidaridad en Polonia y que podía robustecer su compromiso a favor de la libertad ofreciendo apoyo financiero y material a la oposición de forma directa. Esperábamos que el gobierno de los Estados Unidos, por medio de lo que eventualmente se convirtió en la Sección 109(a) de esa histórica legislación, pudiera extender el mismo nivel de apoyo al pueblo cubano.

Tristemente, años más tarde, el Programa de Democracia para Cuba en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que resultó ser la entidad ejecutora de esta visión original, no ha cumplido con las expectativas que abrigamos hace más de una década, y sus acciones contradicen el espíritu y letra de la ley. De acuerdo con una auditoría independiente realizada en el 2001 por Price Waterhouse y más tarde en el informe del 2006 de la Oficina de la Contraloría General (GAO), el programa ha estado plagado de faltas significativas que todavía no han sido rectificadas apropiadamente. A través de la historia del programa, hemos sido testigos de cómo decisiones de política interna, arbitrarias, erráticas y a menudo discriminatorias, han quebrantado su efectividad; creando una cultura de dependencia de los fondos del gobierno norteamericano sin estimular la competitividad o la inventiva entre los que reciben esos fondos; prohibiendo el envío de remesas en efectivo a los disidentes y a los familiares de presos políticos, a pesar de la intención de sus creadores de permitir el envío de dichas remesas; y permitiendo que los valientes líderes opositores a lo largo y ancho de la Isla tengan que luchar cotidianamente para satisfacer sus necesidades más elementales.

Es ante esta coyuntura crucial para el pueblo de Cuba, cuando se planea la distribución de $45 millones adicionales, que nos vemos obligados a rechazar el papel de observadores pasivos y hablar clara y contundentemente, sin importarnos las críticas o los ataques personales de quienes prefieren permanecer a la sombra acomodaticia y conveniente del status-quo. La negativa de abordar con seriedad estos problemas por parte de sucesivas administraciones presidenciales ha facultado la continuación ininterrumpida del mal manejo de estos fondos, ya sea por falta de voluntad política o peor aún, por apaciguar intereses políticos locales.

El juicio prevaleciente en los círculos de Washington es que una retórica apropiada sobre Cuba es suficiente para satisfacer a los cubanos de Miami distribuyendo unos cuantos millones de dólares en un programa que sólo beneficia a ciertos sectores partidistas ayudando a promover las carreras políticas de quienes los distribuyen. No obstante, nuestro estudio no busca atacar a organizaciones bien intencionadas o a aquellos dentro de las agencias gubernamentales que han heredado esta situación, sino asegurarnos que se apliquen cambios drásticos en la manera en que se implementan estos programas. La Sección 109(a) de la Ley Helms-Burton establece claramente entre sus objetivos fundamentales proveer: “Asistencia humanitaria a las víctimas de represión política, y sus familias” y “Apoyar los grupos democráticos y de derechos humanos dentro de Cuba”.

Conseguir el pleno cumplimiento, tanto del espíritu como de la letra de la Sección 109(a), es el único objetivo, el motivo primordial, del estudio de la Fundación Nacional Cubano Americana. Para estos fines, recomendamos cinco medidas concretas: 1) Permitir envíos directos en efectivo a los disidentes y familiares de presos políticos en Cuba; 2) Exigir que quienes apliquen para fondos bajo el programa tengan otras fuentes de ingreso; 3) Permitir, a través de organizaciones fuera de Cuba, la asignación de fondos a organizaciones de sociedad civil independiente con base dentro de Cuba; 4) Exigir que los que reciben fondos gasten un mínimo de 75% de los fondos del gobierno en ayuda directa a la sociedad civil dentro de Cuba; y 5) Asignar empleados de USAID a la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana para monitorear el funcionamiento del programa.

Durante un reciente encuentro en las oficinas del Departamento de Estado en Washington con oficiales encargados de la supervisión del programa de asistencia a Cuba, pudimos reafirmar el sentido de compromiso de estos oficiales con los verdaderos objetivos del programa y de la consideración seria que otorgan a nuestras recomendaciones. Esto nos hace esperar que al fin se produzca un cambio real en la administración del programa de asistencia. Permitir que se asignen nuevos fondos a este programa para ser utilizados de la misma manera en que han sido empleados en los últimos 13 años, sería totalmente inaceptable. Por otra parte, permitir que un asunto de tanta trascendencia como éste se convierta en una simple querella de campaña electoral por quienes buscan evadir la responsabilidad de su inacción anterior y así esquivar la implementación de cambios que verdaderamente podrían ayudar a fomentar una transición democrática en Cuba, resulta inexcusable. No vamos a permanecer en silencio. Cualquiera que conoce la lucha de la FNCA de tres décadas en favor del pueblo cubano sabe que no se nos disuadirá ni se nos intimidará en nuestra búsqueda de cambios efectivos en el manejo y distribución de los fondos para la democracia en Cuba. El pueblo cubano merece una suerte mejor.

Por Francisco "Pepe" Hernandez
Presidente, Fundacion Nacional Cubano Americana